La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de San Sebastián ha comenzado su fase de implementación, con un periodo de adaptación de tres meses antes de que se apliquen sanciones a partir de marzo de 2025. Esta iniciativa busca restringir el acceso de vehículos más contaminantes al centro de la ciudad, con el objetivo de mejorar la calidad del aire y promover una movilidad más sostenible.
Sin embargo, la implementación de una ZBE en una ciudad del tamaño de San Sebastián, que abarca una superficie de aproximadamente 1,2 km² en su zona central, ha suscitado debate. Algunos ciudadanos y expertos cuestionan si una medida de esta envergadura es proporcional a las necesidades reales de una urbe relativamente pequeña.
Una de las críticas se centra en la posible afectación a residentes y comerciantes locales. Aunque se han establecido autorizaciones para ciertos vehículos, como los de residentes empadronados en la ZBE y aquellos destinados a actividades económicas, existe preocupación sobre cómo estas restricciones podrían impactar en la vida cotidiana y en la economía local, especialmente en un contexto donde el transporte público, aunque eficiente, podría no cubrir todas las necesidades de movilidad de la población.
Además, se plantea la cuestión de la eficacia de la medida en relación con la inversión requerida para su implementación y mantenimiento. La instalación de cámaras de vigilancia, señalización y sistemas de control supone un desembolso significativo. En una ciudad con niveles de contaminación relativamente bajos en comparación con grandes metrópolis, algunos argumentan que estos recursos podrían haberse destinado a otras iniciativas medioambientales o de movilidad sostenible más adaptadas a la escala de San Sebastián.
En conclusión, mientras la ZBE de San Sebastián avanza en su fase de adaptación, es fundamental evaluar de manera crítica su impacto real en la movilidad, la economía local y el medio ambiente.